El Grupo Parlamentario de Podemos-Ahal Dugu ha presentado una moción en la que insta al Parlamento de Navarra a requerir al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado, a anular la reforma del artículo 135 de la Constitución y a derogar las Leyes 2/2012 y 27/2013.

Así mismo se pide promover las actuaciones conducentes a evitar que se alcance el objetivo perseguido por las normas referidas, es decir, “la utilización de las a dministraciones locales para imponer la política de recortes y, finalmente, la desaparición de las mismas”.

A juicio de Podemos-Ahal Dugu la reforma del artículo 135 de la Constitución, promovida por el PSOE y el PP, consagra la absoluta prioridad de las obligaciones de la deuda (intereses y capital) sobre cualquier otro tipo de gasto público, lo que significa que los servicios públicos y los derechos que pretenden garantizar quedan supeditados a la satisfacción de los intereses de los inversores.

Aunque ha pasado relativamente desapercibido, en esa reforma, el equilibrio presupuestario de las entidades locales pasa a ser precepto constitucional, lo que represente una gravísima restricción a la gestión de las Administraciones Locales.

En desarrollo de ese artículo constitucional reformado, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece un conjunto de normas (estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, principalmente) orientadas a reducir el gasto público en prestaciones sociales y a impedir las inversiones públicas.

La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, está encaminada a convertir las administraciones locales en agencias de subcontratación de los servicios públicos a empresas privadas, dando soporte legal a las privatizaciones y a la corrupción. Esa Ley 27/2013 anula o reduce sustancialmente las competencias municipales en materias tan sensibles como la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.

La reforma del artículo 135 de la Constitución y las normas que la desarrollan cuestionan gravemente la viabilidad de los Ayuntamientos y Concejos, las administraciones más próximas a la ciudadanía. A su vez, representan un paso más en la laminación de las originarias competencias de Navarra en el ámbito de las administraciones locales.