Podemos ha registrado en el Parlamento de Navarra una Proposición de Ley Foral para la Protección Ambiental, que sustituya a la norma sobre esta materia aprobada en 2005 y que la formación morada considera «absolutamente obsoleta y desfasada» con los tiempos que corren en donde el valor del equilibrio medioambiental es imparable.

La Proposición de Ley foral prevé la creación del Instituto Navarro de Medio Ambiente y de un Fondo Foral de Conservación Ambiental para financiar las medidas que se derivasen de esta nueva normativa y para unificar y racionalizar la dispersa regulación sobre materia medioambiental que en estos momentos existe en la legislación navarra.

El texto ha sido presentado en rueda de prensa por Lucía Otero, secretaria de Desarrollo Rural de Podemos Navarra, que ha estado acompañada por los parlamentarios Mikel Buil y Tere Sáez.

Lucía Otero ha considerado que la ley vigente, de intervención para la protección ambiental aprobada en 2005, «recoge una visión limitada de cómo legislar en protección y mejora ambiental, y está basada en la inspección y en el régimen sancionador». La dirigente de Podemos ha afirmado que la legislación debe ir más allá y tiene que «fomentar y promocionar actuaciones beneficiosas para el medio ambiente», como son la información y el asesoramiento, no simplemente la sanción.

Para ello, se propone la creación del Instituto Navarro de Medio Ambiente, «con todas las competencias para el desarrollo de planes y programas» y con el objetivo de «racionalizar todos los recursos humanos y materiales en una misma estructura». Para financiar las actuaciones que se pongan en marcha, se plantea un Fondo Foral de Conservación Ambiental, que se financiaría mediante una aportación directa de los Presupuestos Generales de Navarra y mediante las sanciones previstas por la ley.

Por otro lado, la proposición mantiene las competencias de las entidades locales «por encima de cualquier intento de centralización». Así, los ayuntamientos tendrán que emitir informes favorables para la concesión de licencias de actividad. La ley también incorpora un capítulo dedicado a la transparencia, en el que se prevé la creación de la Red de Información Ambiental de Navarra, para hacer accesible a la ciudadanía toda la información medioambiental disponible y para que la Administración tenga la obligación de responder a cualquier requerimiento ciudadano en un plazo no superior al mes.

Con respecto a las inspecciones, la proposición plantea que no solo deben consistir en «tareas de control, sino que también tienen que servir para asesorar e informar, porque de esta manera se evitarían muchos daños ambientales que pueden derivarse del desconocimiento de la normativa», ha explicado Lucía Otero.

Por último, en el capítulo de sanciones, se sigue el principio de que «quien contamina paga, pero el objetivo de este régimen sancionador es la reparación o restitución de los bienes, en la medida de lo posible, al estado anterior de los daños producidos». «El pago de una sanción no exime de reponer el medio ambiente dañado», ha explicado la dirigente de Podemos.

Por su parte, el parlamentario Mikel Buil ha defendido la importancia de «avanzar en una filosofía diferente a la norma de 2005 que no solo implique la protección y dote de más a recursos a la inspección, sino que emprenda medidas de acción positiva para restablecer y mejorar nuestros ecosistemas».

En la misma línea, la también parlamentaria Tere Sáez ha señalado que no se puede «continuar con leyes antiguas que no responden a la realidad que está marcada por un cambio social que está pidiendo mucha mayor atención a la sostenibilidad» y ha indicado que el objetivo de la ley es «la búsqueda de actuaciones beneficiosas para la naturaleza y la comunidad».