La senadora autonómica, Idoia Villanueva, cumpliendo el mandato del acuerdo programático de Navarra sobre la eliminación de productos transgénicos, ha preguntado al Gobierno sobre su disposición a respetar la Directiva europea que permite a las Comunidades Autónomas gestionar este tipo de asuntos.

Villanueva quiere saber cuáles serían los pasos administrativos a realizar por parte de la Comunidad Foral para elaborar una regulación que restrinja o prohíba el uso del cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG) en Navarra y si el Estado pondría trabas a esta iniciativa y de qué tipo.

Concretamente, la navarra ha preguntado sobre qué medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar el Gobierno para permitir que las Comunidades Autónomas puedan hacer uso de la posibilidad de restringir o prohibir el cultivo en la totalidad o en parte de su territorio de un organismo modificado genéticamente (OMG) o de un grupo de OMG que prevé la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente en su redacción dada por la Directiva 2015/412 de 11 de marzo (art. 26 ter .3).

Además, desea saber qué tramitación va a dar el Gobierno a las solicitudes o declaraciones de restricción o prohibición de cultivo de OMG que las Comunidades Autónomas puedan formular y si tiene intención el Gobierno en este caso de respetar la voluntad autonómica de restricción o prohibición de cultivo de OMG en su ámbito territorial.

A Villanueva le preocupa la postura del gobierno y en este sentido busca respuesta a la intención el Gobierno de hacer uso de la posibilidad de restringir o prohibir el cultivo en todo el territorio nacional de un organismo modificado genéticamente (OMG) o de un grupo de OMGs.

Toda vez que el Real Decreto 364/2017, de 17 de abril, únicamente regula las medidas para evitar la contaminación genética transfronteriza a estados miembros vecinos en los que esté prohibido el cultivo de OMG, la senadora autonómica ha preguntado si tiene intención el Gobierno de revisar el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente para regular los mecanismos por medio de los cuales las Comunidades Autónomas hagan uso de la voluntad de restringir o prohibir el cultivo de OMG en la totalidad o en parte de su territorio.