El diputado navarro pone en duda que hayan contactado con el Gobierno foral para contrastar el censo.

Además pregunta si esta iniciativa se extenderá a edificios y lugares privados como los pertenecientes a la Iglesia Católica.

Tras conocerse que el Ministerio de Justicia ha solicitado a 656 Ayuntamientos que retiren los vestigios franquistas que aún quedan debido a la aplicación de la Ley de Memoria histórica avisando que de no hacerlo se podrían retirar subvenciones públicas con estricta aplicación del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, el diputado Eduardo Santos, ha registrado varias preguntas al Gobierno socialista relacionadas con los ayuntamientos navarros que se verían afectados.

De entre los ayuntamientos a los que la Dirección General para la Memoria Histórica ha remitido la misiva se encuentran los ayuntamientos navarros de Los Arcos, Castejón, Cortes, Milagro, Santacara, Carcastillo, Barasoain, Lapoblación y Mendigorría.

En este sentido, Santos quiere saber si el gobierno de Sánchez se ha comunicado con el Foral a fin de tener un acceso actualizado al censo que elabora la Administración Foral antes de realizar acción alguna. Además, pregunta sobre cuántos de estos Ayuntamientos navarros perciben algún tipo de subvención pública dependiente del Estado y finalmente, si tiene previsto el Gobierno de España ampliar esta iniciativa a edificios y lugares privados que tengan proyección a un espacio visible de uso público y singularmente edificios pertenecientes a la Iglesia Católica.

Cabe recordar que la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936 en su artículo 11 también prevé ”la retirada de tales elementos de los edificios y lugares privados que tengan proyección a un espacio visible de acceso o uso público cuando no hubieran sido colocados por una Administración Pública, otorgando un plazo proporcional a la dificultad técnica que conlleve la retirada y apercibiendo de las medidas coercitivas que se pudieran derivar del incumplimiento.”

Además, el artículo 10 de la misma Ley establece la obligación por parte de la Administración de elaborar un censo con los mismos.