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El derecho a la vivienda no se limita a un techo bajo el que vivir. Integra además la exigencia de un nivel de vida adecuado, que cualquier persona tenga acceso a un hogar y a una comunidad segura para vivir en paz, con dignidad y salud física y mental. Supone pues seguridad jurídica, vivir en un sitio sin miedo a ser desalojados o a recibir amenazas; acceso a servicios, bienes públicos e infraestructura como energía eléctrica, saneamiento y recogida de basura, etc.

Tanto la política española como la navarra en materia de vivienda son inauditas dentro del marco europeo. En ningún país como aquí, las subvenciones son cobradas por las promotoras, lo que ha sido y es causa de la desgracia humana que venimos padeciendo en torno al techo. Hoy el derecho a una vivienda digna pasa por apuntarse en una lista de espera para acceder a un piso con subvención (el piso).

La escasa herencia dejada a los navarros y navarras en VPO es de aproximadamente de 5000 viviendas calificadas como protegidas. 4000 de ellas no son nuestras, están en manos de tres o cuatro promotoras privadas. Las otras 1000 son gestionadas por NASUVINSA, que ya hace años se dedica a resituar los pisos que van quedando vacíos. Evidentemente con una lista de espera de 4000 personas en NASUVINSA, y ante la pasividad de todas las autoridades anteriores, las alternativas deben ser otras, diferentes a la construcción.

Podemos preguntarnos qué crisis fue antes, si la del crédito, la del precio de la vivienda o la del empleo. La cuestión es que ese modelo ha muerto debido a su propio “éxito” llevándose por delante la calidad de vida de miles de personas.

Ahora tenemos una gran oportunidad en torno al derecho a la vivienda. Se trata de poner el foco en los protagonistas reales y no en “esos” otros. ¿Podríamos pensar que esta necesidad reside en las personas y que son ellas y sólo ellas las que deben optar a una subvención ágil para su propia vivienda en momentos de angustia económica?

Todos los gobiernos han intentado levantar el sector de la construcción apoyándose en las necesidades de la gente y subvencionando promotoras privadas con la justificación de arrancar algunos puntos al desempleo. Pero la necesidad básica de vivienda evidentemente sigue sin estar cubierta. En España hay contabilizadas 3,5 millones de viviendas vacías. En Navarra, aunque el Partido Popular no nos deje saberlo debido al recurso de inconstitucionalidad que presentaron contra la Ley de vivienda aprobada en Navarra en 2013, se considera que su número está entre las 20.000 y las 35.000.

Mientras tanto durante 2015 se incrementaron un 35% los desahucios en Navarra, y la demanda de vivienda de protección oficial supera ya las 4.000 solicitudes sin atender.

Quiero romper una lanza a favor de este gobierno que pone por delante la rehabilitación y el alquiler, pero también le daremos un empujoncito para trascender las políticas anteriores que no han puesto ese foco en las personas. Han ligado la vivienda al fomento, pasando a un segundo plano garantizar el derecho a una vivienda digna. La vinculación tan estrecha entre promotoras y entidades financieras alrededor de la construcción y recalificación no ha permitido que muchas personas vean cubierta su necesidad.

La nueva política de vivienda debería ser más “sencilla”, basarse más en lo que ya tenemos y no engañar a la sociedad Navarra ARGUMENTANDO DE ENTRADA QUE FALTAN VIVIENDAS Y SOSTENIENDO QUE ESTAMOS OBLIGADOS A CONSTRUIR MÁS Y MÁS. Porque el problema es que en la actualidad, el “derecho a la vivienda” queda prácticamente reducido a los bloques de vivienda protegida, con sus más de 4000 personas amontonadas en una lista de espera.

Hay que movilizar y rehabilitar la vivienda vacía y dar paso a subvencionarla en el mercado libre. El mejor antecedente de esta apuesta es el programa pro-vivienda que se lleva desarrollando desde hace años en los servicios sociales de Pamplona.

Es el momento de poner en el centro las necesidades habitacionales de la población, y no los intereses económicos de un sector. Un sector clave, sí pero ¿debemos pagar entre todos la incertidumbre económica en la que dicen haberse quedado determinadas promotoras? ¿Deben las personas pagar el éxito o desgracia del modelo establecido con sus propias casas?

Antes de que llegáramos nosotros, este parlamento aprobó una ley que penalizaba a los grandes poseedores de vivienda vacía e incentivaba su puesta a disposición ciudadana a través del alquiler. Una ley recurrida y paralizada por el gobierno estatal. Pero no debemos olvidar las soluciones que en esta ley se planteaban y, aunque no nos permita impulsar algunas actuaciones que nos gustarían, al menos debemos aplicar sus principios rectores en esta legislatura.

En este sentido, hay ya propuestas que pueden suponer un salto cualitativo. Por ejemplo, la disminución de requisitos para que las personas propietarias de viviendas vacías puedan alquilárselas a NASUVINSA; el nuevo régimen de las cooperativas de vivienda en cesión de uso que promuevan la construcción y rehabilitación a través de PYMES; rebajar considerablemente el precio por metro cuadrado acordado con las promotoras privadas; la oficina de mediación inmobiliaria que pueda gestionar las reclamaciones de todo el parque en protección oficial, garantizando que no se den abusos; la revisión del sistema de adjudicación de viviendas; la intermediación para la búsqueda de alquiler en viviendas libres pero con subvención, etc.

Un conjunto de alternativas consolidadas en Europa que pueden revertir este derecho, poniendo por fin en el centro de la política de vivienda a las personas y no en las manos privadas y el ánimo de lucro.

El Gobierno del Cambio debe ser valiente, es el momento de ilusionarse y avanzar. La sociedad Navarra nos lo pide a gritos, porque sabe que ahora sí se puede.

Mikel Buil, parlamentario de Podemos Ahal Dugu