Tras la sentencia emitida por el TEDH le recordamos al Gobierno que las sentencias no son meramente declarativas, sino que son de obligado cumplimiento. Sabemos que no es una sentencia firme, ya que tienen aún un plazo de tres meses para presentar un recurso. Sin embargo creemos que “un Gobierno condenado, como el suyo, debe adoptar todas las medidas necesarias para acatar la sentencia. Máxime cuando se trata de cuestiones básicas de Derechos Humanos”
La sentencia es clarísima y sigue, en la línea de lo que las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales como ACNUR, el Consejo de Europa o la Defensoría del Pueblo llevan años denunciando. Que las devoluciones en caliente son expulsiones colectivas y en tanto colectivas están prohibidas expresamente en el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Vulneran la Convención de Ginebra y el Principio de no devolución y por tanto impiden, en muchos casos, que se pueda solicitar asilo. Y no sólo eso, estas expulsiones vulnerar el derecho a la asistencia letrada, el derecho a interponer un recurso, o el derecho a un intérprete, algo que de facto, imposibilita no solo la solicitud de asilo sino también poder declarar ser víctima de trata o menor de edad.
El Ministro dijo ayer en el Senado que se puede saber si una persona cumple o no los requisitos para solicitar asilo sin necesidad de abrir un expediente ni documentarlo. Hoy además ha dicho que los y las solicitantes de asilo pueden hacerlo en las oficinas de asilo, sin necesidad de saltar las vallas. Sabe el Ministro que esto no es así, máxime para las personas negras, que en ningún caso pueden llegar a las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla.
Obvia también el Señor Ministro las devoluciones marítimas que ponen en peligro a las personas que se encuentran en las embarcaciones y las muertes que ellas ocasionan como ocurrió hace unas semanas cuándo siete mujeres fallecieron cerca de Melilla al caer al agua en el trascurso de una devolución marítima.
Ahora tenemos la oportunidad de legislar en esta Cámara respetando los derechos humanos, prohibiendo las devoluciones ilegales y exigiendo un protocolo de actuación en frontera sur para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahora, está en tramitación la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y esta va a ser nuestra apuesta.
Confiamos en que el Gobierno del Partido Popular no escuche las voces dentro de su partido como las del Sr.Imbroda pidiendo seguir subiendo las vallas sino que tienda más hacia el respeto de los derechos fundamentales.
Mientras tanto creemos que el Gobierno debería acatar la sentencia del Tribunal y proceder de manera inmediata a la reparación de estas víctimas, sería el primer paso para caminar en la reparación de las víctimas de la frontera. Un Gobierno digno agacha la cabeza cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le condena. Lucha contra la impunidad investigando hasta el final, contribuye a que se haga justicia, repara y sobre todo, evita que se vuelvan a repetir hechos que nos avergüenzan a todas las que creemos en la democracia y en el Estado de Derecho.
Ione Belarra, diputada navarra de Unidos Podemos y portavoz adjunta de la formación.
