La crisis económica, social y política que venimos padeciendo desde 2008 está afectando de forma alarmante y progresiva a diversas clases, grupos y sectores sociales, que suponen la inmensa mayoría de la sociedad. Uno de esos sectores es el de las personas mayores, que nos estamos viendo afectadas de manera creciente en muchos y muy diversos aspectos. Citaré alguno de los más importantes a título de ejemplo.

El primero y fundamental es el de las pensiones. Desde los planteamientos ultraliberales de instituciones y partidos hasta ahora gobernantes se nos insiste continuamente que las pensiones públicas son insostenibles. Mientras los datos nos dicen que actualmente el gasto de las pensiones representa un porcentaje del PIB (10,6%) mucho menor que en otros países de la Unión Europea y las proyecciones de la Comisión Europea (Informe Anual de Envejecimiento) indican que no tiene que haber ningún problema de sostenibilidad al menos hasta 2060 (año límite de la proyección), se nos aplican políticas que afectan de manera progresiva a las cotizaciones sociales con reformas laborales que crean un enorme desempleo y precariedad; con exenciones de cotización vía tarifas planas y otras que deberían ser con cargo al Servicio Público de Empleo como hasta ahora; con imputación a cotizaciones de las pensiones de muerte y supervivencia, viudedad, orfandad… que deberían correr a cargo de los presupuestos del Estado; etcétera. Recordemos que la pensión media actual es de 887 euros mensuales (14 pagas) y que el 60% de los y las pensionistas tiene una pensión inferior a esa cantidad. Además, las reformas de 2011 y 2013 nos abocan a un futuro de descenso progresivo en el importe de las pensiones y a un retraso en la edad de jubilación.

Urge cambiar las políticas económicas y laborales. El problema no es el gasto de las pensiones, que es sobre el que se está actuando (se insiste, bastante menor que en otros países de la UE), sino cambiar las actuales políticas por otras orientadas a tener más y mejores empleos. El problema es que se deben hacer políticas para las personas y no para defender los intereses de la banca y las aseguradores promoviendo las pensiones privadas.

Por otra parte, se están implantando políticas que tienden al deterioro y a la privatización de los servicios públicos. Este tipo de políticas afectan a todas las personas en general, pero a las personas mayores lo hacen de manera especial en ámbitos como la sanidad y la dependencia.

Otro de los aspectos más reseñables sobre las personas mayores es el papel de apoyo económico que se ven obligadas a prestar a hijos y nietos. Recientemente, la ONG Educo ha presentado un informe sobre infancia en el que se dice que 8 de cada 10 abuelos ayudan económicamente a sus hijos y nietos, suponiendo esa ayuda 290 euros mensuales de media. En 2010 sólo eran 2 de cada 10. En el citado informe se dice que “los abuelos son la última pieza de dominó en caer por la crisis económica…; son la pieza clave que mantiene con su pensión la economía de los hogares que se encuentran a las puertas de la pobreza…”. Ya no queda mucho margen en este tipo de ayuda intrafamiliar.

Por último, uno de los indicadores que reflejan el conjunto de factores que afectan a las personas (económicos, médicos, nutricionales, estilos de vida…) es la ‘esperanza de vida’, es decir, los años que puede esperar vivir una persona determinada. La esperanza de vida ha experimentado importantes avances en el último siglo en los países occidentales, pero con esta crisis esa tendencia ya ha comenzado a revertir, fundamentalmente en las clases, grupos y sectores sociales con menos ingresos. Actualmente, en el Estado español los ricos tienen una esperanza de vida de 8 años más que los pobres. Y esta brecha entre ricos y pobres se está incrementando rápidamente, como indica un estudio reciente que acaba de publicarse en Estados Unidos, la referencia que tienen quienes vienen aplicando las políticas neoliberales aquí.

Es evidente que, analicemos el indicador o aspecto que analicemos, nos vamos acercando a una situación cada vez más crítica para amplísimos sectores de la sociedad y, en concreto, para las personas mayores. Necesitamos urgentemente un cambio sustancial en las políticas que se vienen aplicando y eso sólo se puede conseguir mediante un cambio político y social profundo. Pero ningún cambio de esta naturaleza y profundidad se puede conseguir sin la implicación y participación de una mayoría de la sociedad, también de las personas mayores. Y aquí tenemos un reto muy importante, porque el comportamiento electoral de las personas mayores tiene unas características bastante particulares.

Citaré algunas de las más importantes. En primer lugar, hay que recordar que uno de cada cuatro votantes es mayor de 65 años. Además, las personas mayores tienen una participación electoral mucho más elevada que la media (la estimación es de entre un 7% y un 8% más) y su voto tiende a ser claramente conservador. Un estudio de Metroscopia sobre el perfil de los futuros votantes, publicado el pasado mes de abril, pronosticaba que el 49% de los votantes del PP serán mayores de 55 años, cuando esa franja de edad supone el 35% en la distribución real de edad. Según expertos, este tipo de comportamiento de las personas mayores se debe a diversos factores, entre los que sobresalen: la consideración del voto más como un deber que como un derecho, su orientación hacia las opciones más conocidas y que consideran más sólidas, su elevada fidelidad a los partidos (cristalización del voto a medida que aumenta la edad), una orientación del voto más pragmática que ideológica, etcétera.

Por lo tanto, tenemos dos necesidades de gran envergadura: necesitamos cuanto antes un cambio político y social que suponga unas nuevas políticas que favorezcan a la mayoría; y necesitamos también que, junto con otra mucha gente de grupos y sectores sociales diversos, muchas de las personas mayores se impliquen en él. Con motivo del 1 de octubre, Día del mayor, recordamos a los mayores que son y a los que serán que tenemos un gran reto.

 

Javier Echeverría Zabalza. Colaborador del Observatorio del Mayor de Navarra y miembro de ATTAC Navarra-Nafarroa.