El Convenio es un instrumento del autogobierno de Navarra, posiblemente el que más consenso suscita dentro de los partidos del arco parlamentario navarro. Así, en el último debate sobre el Estado de la Comunidad celebrado con fecha 27 de octubre de 2016, el único punto de unanimidad alcanzado por todos los grupos del arco parlamentario fue la defensa del Convenio en la inminente negociación con el Estado. Para la mayoría de la población navarra los conceptos técnicos y jurídicos de lo que actualmente significa el convenio resultan bastante desconocidos, desconocimiento que alcanza a veces a los responsables políticos.

Así, frente a ataques exteriores, a veces no hay conciencia extendida de que la aportación de Navarra al Estado es un hecho, y de que las inversiones del Estado, tanto en Navarra como en otras partes del territorio, también son sufragadas por la ciudadanía de Navarra en un 1,6 por ciento, superior al peso de la población que es el de un 1,3. Fuera, cunde el concepto de que el régimen económico de Navarra es un privilegio, concepto mantenido por líderes de partidos políticos estatales, singularmente del PP o del PSOE, pero también de Ciudadanos. El autogobierno no es una abstracción lejana. La ciudadanía navarra debe ser consciente de que el Convenio es un instrumento para asegurar el Estado de bienestar, centros de salud, hospitales, escuelas, servicios públicos…, sin perjuicio de la solidaridad que un territorio con mayor desarrollo debe prestar a otros pueblos en el Estado y fuera de él.

La clave de una pretendida insolidaridad no está en la Disposición Adicional Primera de la Constitución ni en las leyes del Convenio o el Concierto económico, sino en la progresiva participación de estos territorios en los mecanismos de nivelación que deben ser seguidos por una progresiva autorresponsabilidad fiscal de los territorios de régimen común. No está de más recordar que cuando algunas autonomías gobernadas por el PP o el POSE han tenido la posibilidad de bajar los impuestos cedidos por el Estado, lo han hecho a costa de disminuir la recaudación sin importarles las consecuencias sociales y territoriales que pudieran producirse, únicamente cegados por la rentabilidad electoral a corto plazo.

En los últimos años de gobiernos del PP en España y de UPN en Navarra el centralismo se ha ido fortaleciendo a costa del Convenio y de su interpretación. El Tribunal Constitucional ha actuado como un auténtico tribunal de parte, inhábil para resolver los conflictos desde la bilateralidad que se supone a un pacto.

El Gobierno de UPN en Navarra, coaligado con el PP, tradicionalmente ha mantenido silencio ante los ataques al autogobierno y ha ido convirtiendo el Gobierno de Navarra en una Diputación que únicamente gestiona por delegación lo que el Estado le permite, llegando a apoyar la reforma constitucional del art. 135 que tiene graves repercusiones en Navarra y la Ley de Estabilidad, que atenaza gravemente la capacidad de los ayuntamientos navarros. A la Cámara de Comptos me remito.

En el año 2011 sonaron todas las alarmas con el conocido asunto del conflicto por la recaudación del IVA de Volkswagen. Se habló de que se ponía en peligro la viabilidad económica de Navarra. La comunidad foral salió muy tocada políticamente de esta negociación, dado que a cambio de no llevar el asunto por la vía judicial, tuvo que dar la razón al Estado y acordar una compensación de 75 millones de euros en tres años, además de someter su capacidad de imponer impuestos nuevos a las condiciones impuestas por el Ministerio. Esta es una de las cuestiones candentes en la inminente negociación del Convenio. Pero existen más.

Los servicios que el Estado presta en Navarra han ido bajando, se paga dos veces por las mismas infraestructuras y se paga, lo más significativo, por los intereses de la deuda del Estado que ascienden a 30.000 millones y que corresponden a la gestión de otra administración de la que Navarra no forma parte. La situación actual es una negociación en la que el Estado no tiene prisa porque el statu quo le favorece. Y en este juego de presiones, el Gobierno de Navarra ha decidido negociar con la baza de la liquidación del Convenio haciendo una interpretación legítima del mismo, e inmediatamente contestada por los partidos más centralistas, UPN y PP (no logro averiguar la postura del PSN), que lo quieren llevar a una confrontación identitaria.

Es más que posible que en medio de la negociación y como medida de presión el PP incida en medidas recentralizadoras, bien a través de anuncios políticos o a través de recursos ante el Tribunal Constitucional. Debemos mantenernos serenos en la negociación. Debemos saber en qué lado estamos. Está en juego nada más y nada menos que la capacidad de Navarra de autogobierno, que es un instrumento importantísimo para articular políticas sociales sin las cuales estaremos a merced de la corriente neoliberal imperante en el Estado y en Europa. Debemos manifestarnos firmes en la defensa de la autonomía fiscal, la posibilidad que da no sólo de convertirse en un gestor de la recaudación sino de establecer normativa propia a todos los efectos, manteniendo un sistema de solidaridad justo con otros territorios de régimen común. Este debate es crucial. Nos posiciona como un territorio solidario, y por tanto con valores. Y por ello merece nuestra máxima implicación.

Eduardo Santos Itoiz, diputado navarro de Unidos Podemos