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Han pasado ya más de 20 años desde que entró en vigor Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, como trasposición de una Directiva europea (89/391) que obliga a los países miembros a regular la materia dentro de los límites establecidos en la misma, incorporándose también otras disposiciones de directivas posteriores (91/383; 92/85; 94/33). Todo ello siguiendo el mandato establecido previamente en el artículo 42.2 de la Constitución Española y en desarrollo de los compromisos adquiridos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir de la ratificación del Convenio 155. Posteriormente, dicha Ley ha sido reformada en varias ocasiones, ampliando sus contenidos fundamentalmente, siendo la más significativa de estas reformas la que supuso la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.

Al momento de entrar en vigor la Ley hace ya 20 años, se decía que ésta sería el pilar fundamental para el necesario desarrollo de una política de protección de la salud de las y los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo. Así pues, la prevención de riesgos laborales se presentaba a partir de ese momento como una prioridad política, que lo debía ser también en la gestión empresarial pública y privada. Como consecuencia de esto también se hablaba del nacimiento una disciplina académica y laboral de gran futuro.

Y así, se ha seguido hablando durante veinte años de una disciplina “de futuro”, sin perder la razón esta afirmación durante todo este tiempo, pues la Prevención de Riesgos Laborales no ha tenido apenas presente. Grandilocuencia en las palabras, y absoluto ninguneo en los hechos por falta de voluntad empresarial e interés político, por no hablar de la responsabilidad de un sindicalismo que mayoritariamente se ha centrado en la gestión de cursillos y talleres sobre la materia, y convenios nominativos para impulsar servicios de prevención, de los que apenas se alcanza a ver resultados en los centros de trabajo. Si cotejamos las estadísticas que hablan de la siniestralidad y la evolución de problemáticas de salud ligadas al trabajo (sin incluir las no reconocidas como tales), y las múltiples sentencias judiciales ganadas por las y los trabajadores que -individualmente- han tenido que defender ante los tribunales su derecho a la salud en el trabajo, con las que hablan del trabajo de las y los delegados de prevención “sindicales”, evidenciaremos conclusiones indignantes, aunque legitimadas por elección mayoritaria.

Los datos ahí están. En Navarra los más fiables expuestos en las memorias anuales del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (antes INSL). Si los analizamos, la subida o bajada de las problemáticas y siniestralidad ligadas al trabajo, tienen más que ver con el aumento o reducción de la actividad económica y el empleo, que con la acción preventiva en los centros de trabajo. Y desde luego con las situaciones de precariedad que se disparan progresivamente al amparo de la actual legislación laboral y que se presentan como primera causa de la siniestralidad y del deterioro de la salud en el trabajo. Atajar esta problemática debe ser nuestro primer objetivo político.

Desde 2014 se registra un empeoramiento generalizado de todos los datos, que no cabría de ninguna manera en una situación de progresiva mejora de los sistemas de gestión de la prevención y en el marco de una legislación laboral razonable.

La prevención de los riesgos laborales no es una prioridad en los centros de trabajo. La productividad, las producciones y la calidad de los trabajos, productos fabricados y servicios se anteponen, casi siempre. Y esto es una realidad que dramáticamente se vive en el día a día por muchas y muchos trabajadores que pierden la salud en el trabajo, cuando no la vida.

Reina la hipocresía; las grandes declaraciones, como las que desde todos los ámbitos se hacen cada 28 de abril, y la falsedad de unas empresas que fingen documentalmente el cumplimiento de la Ley, con papeles que nada tienen que ver con lo que se hace, y estructuras preventivas que -funcionando como meros departamentos empresariales- se dedican a avalar los sistemas productivos y condiciones laborales que agreden el derecho a la salud en el trabajo de las y los trabajadores. Con un alto coste para el erario público y los servicios públicos de salud a los que se desvía el tratamiento de multitud de patologías con un claro origen laboral no reconocido. Todo ello en virtud de unas también fraudulentas evaluaciones de los riesgos de los puestos de trabajo, pensadas para eso, y para evitar la inversión en medidas correctoras por parte de las y los empresarios.

Es lo que pasa cuando un país o territorio decide “competir” en el “mercado mundial” sobre la base fundamental de unos bajos costes laborales. A falta de voluntad de invertir dinero, lo que se invierte es la salud de las y los trabajadores, quienes también tienen una responsabilidad fundamental en el asunto por dejarse, afrontando toda esta problemática desde la defensa individual cuando cada cual se ve afectada o afectada, en vez de hacerlo luchando de forma colectiva por lo que es un derecho de todas y todos.

Quien quiera comprobar la veracidad de las afirmaciones que hago en este escrito, puede probar a pasarse una mañana entera (de lunes a viernes) en la sala de espera de cualquier mutua, o de las inspecciones médicas del INSPL y el INSS, y ahí mejor que en ningún otro sitio será bienvenid@ a la cruda realidad, la que no se refleja en los discursos y declaraciones.

Mejorar los recursos de las inspecciones de trabajo (competencia estatal) para que actúen de oficio y sin avisar; mejorar y aumentar las competencias y autoridad de las y los técnicos del INSPL; revisar y corregir toda la legislación laboral (competencia estatal); también de los convenios colectivos (especialmente los malfirmados bajo el chantaje del despido y/o la deslocalización); establecer el cumplimiento íntegro de la legislación en esta materia como requisito necesario para optar a cualquier subvención y/o contratación con la administración pública, y controlar esto desde lo público de verdad; revisar y corregir todo lo hecho en materia de formación desde el SNE, etc., etc…

Todo esto y mucho más es lo que hay que hacer y en lo que desde Podemos Ahal-Dugu hemos centrado la atención y nuestra acción política. Una tarea enorme que requiere la concienciación y el apoyo decidido de unas y unos trabajadores que hemos de entender que nadie desde la política va a poder defendernos más de lo que nosotras y nosotros nos queramos defender a nosotras y nosotros mismos.

Carlos Couso Chamarro

Parlamentario Foral por Podemos Ahal-Dugu